¿A dónde va la revolución chilena? - Où en est la révolution chilienne ?

Más asesinados, mientras encuesta halla que mitad de Chile ha participado en protestas

por Andrea Lobo - WSWS

En lo que va del año, tres manifestantes han fallecido en las protestas masivas en Chile que han continuado por cuatro meses contra la desigualdad social y todo el aparato político capitalista.

El asesinato de un aficionado de 37 años, atropellado a alta velocidad por un vehículo acorazado de la policía, produjo nuevas manifestantes en la última semana, particularmente en las áreas más empobrecidas y oprimidas de la capital, Santiago.

Después de un juego de la primera división el 28 de enero, los aficionados permanecieron en las inmediaciones del estadio de Colo-Colo en Santiago, haciendo pacíficamente cánticos de protesta cuando “Carabineros de Chile decidió desplegar un operativo completamente desproporcionado en el sector de Exequiel Fernández y Departamental, provocando incidentes que han terminado con la vida de un hinca de nuestro Club, además de varios socios e hinchas heridos”, de acuerdo a una queja de los directivos de Colo-Colo. El conductor ha sido arrestado.

Desde entonces, las noches han estado marcadas por barricadas, manifestaciones, la quema de autobuses, estaciones de policía y tiendas en Santiago. La policía ha respondido con una brutal represión, incluyendo golpizas a transeúntes, cubriendo barrios con gases lacrimógenos por tres o cuatro horas continuas y realizando cargas policiales con vehículos.

El miércoles, un protestante de 22 años fue asesinado en una barricada en la comuna de San Ramón cuando un conductor encapuchado lo atropelló con un bus. En el mismo suburbio del sur de Santiago, otro hombre fue hallado muerto en un supermercado saqueado e incendiado en una locación donde policías habían atacado una protesta. Al menos 124 manifestantes fueron arrestados la semana pasada.

En diciembre, el Instituto de Derechos Humanos reportó que la represión policial y militar había resultado en 29 muertes, 8.812 arrestos, 3.449 heridos, 544 querellas legales por tortura y cuatro presuntas violaciones por oficiales.

Frente a tal violencia estatal, las protestas y huelgas tan solo se radicalizaron y crecieron, disminuyendo el crecimiento chileno a 1,2 por ciento para el 2019, el más bajo desde la Gran Recesión. La semana pasada, las manifestaciones, así como los amplios y continuos paros en colegios durante los exámenes de admisión universitarios para protestar la desigualdad del sistema educativo, dan señal de un estallido social aún potente.

Sin embargo, la ausencia de una dirección revolucionaria en la clase obrera y un programa que una a los trabajadores chilenos con los millones de trabajadores entrando en la lucha de clases globalmente presenta el legal peligro de que la oposición social permanezca subordinada a la política burguesa. La clase gobernante en Chile e internacionalmente ha respondido con un giro hacia la dictadura, ofreciéndoles a los trabajadores solo más recortes y una mayor explotación.

La encuesta Barómetro del Trabajo para enero de 2020 ofrece datos valiosos sobre la cuestión definitiva de conducción. La mitad de los chilenos encuestados (adultos) han participado en las protestas desde octubre, mientras que otro 19 por ciento dijo que no lo ha hecho pero le gustaría participar. Las pensiones privatizadas, “abusos y desigualdades”, el sistema educativo, aumentos salariales y el sistema de salud fueron las principales problemáticas planteadas por los manifestantes, en dicho orden.

La encuesta expone las absurdas afirmaciones del Gobierno de Trump y la derecha chilena de que “troles rusos” en internet provocaron el levantamiento, que ha incluido concentraciones de más de un millón de personas y ha bajado la tasa de aprobación del presidente Sebastián Piñera a un inédito 6 por ciento.

Sin embargo, lo que es más esencial, las demandas de las protestas en Chile son las mismas planteadas por los huelguistas y manifestantes en el resto del mundo, probando que el descontento es resultado de condiciones sociales arraigadas en el sistema capitalista global y que no se pueden resolver bajo un programa nacionalista. Pese a su riqueza natural e importantes industrias, la economía es completamente dependiente de cadenas de producción y mercados globales y permanece bajo el yugo del imperialismo estadounidense y europeo.

Las tensiones de clases verdaderamente se encuentran a flor de piel. Solo 2 por ciento de los manifestantes encuestados mencionó las tarifas del transporte público, a pesar de que el incidente que desencadenó la ola de protestas fue un aumento relativamente menor del pasaje del Metro de Santiago en octubre.

Al mismo tiempo, solo el 2 por ciento señaló “cambiar la constitución” como una demanda. Desde el milmillonario derechista Piñera al pseudoizquierdista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), todo el aparato político y la prensa corporativa han promovido forzosamente la cuestión de una nueva constitución a fin de restaurar confianza en la institucionalidad burguesa.

En abril, un plebiscito les preguntará a los chiles si quieren una nueva constitución y si todo el cuerpo constituyente debería ser elegido o si la mitad debería estar compuesto por legisladores actuales. Así como la “transición democrática” tras la dictadura de Augusto Pinochet, esta farsa constituyente será el medio para mantener el poder y los intereses de lucro de la misma oligarquía local y capital transnacional que instaló y respaldó a Pinochet.

A pesar de que se espera que una mayoría vote “sí” en el referendo, las demandas del más grande resurgimiento de protestas en medio siglo no se pueden resolver por medio del proyecto constitucional.

Según el Barómetro del Trabajo, el 83 por ciento no está “satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Chile” y el mismo porcentaje respondió que el país está gobernado por “grupos poderosos en su propio beneficio”. Solo el 7 por ciento “confía” en los partidos políticos para la tarea de redactar una nueva constitución, y solo el 25 por ciento confía en los dirigentes sindicales para esto. Finalmente, la tasa de desaprobación supera el 68 por ciento para todos los partidos.

El grueso de la clase trabajadora reconoce a la élite política por lo que es: un instrumento de los 20 grupos económicos que controlan más de la mitad de la producción y sus patrones en Wall Street y Europa. Durante los últimos 30 años, todos los partidos han defendido la austeridad social y privatizaciones llevadas a cabo bajo Pinochet y han traicionado cada huelga y forma de resistencia masiva.

Dado lo desacreditados que están, el estalinista Partido Comunista de Chile (PCCh), que controla la Central Única de Trabajadores (CUT), y el pseudoizquierdista Frente Amplio han tenido dificultades para mantener control sobre las protestas por medio de la Mesa de Unidad Social, una coalición de grupos de protesta y sindicatos. A su vez, han utilizado huelgas intermitentes para debilitar su efecto, aislado a los trabajadores de sus contrapartes internacionales y apoyado el plebiscito de Piñera, si bien afirmando oponerse a la “hoja de ruta” del mandatario.

Durante las huelgas, ocupaciones y protestas revolucionarias a fines de los años sesenta y principios de los setenta, el PCCh también se dedicó para encadenar a la oposición a la política burguesa en la forma del Gobierno de Unidad Popular bajo Salvador Allende, desarmando política y físicamente a la clase trabajadora a pesar de los preparativos abiertos de Washington y la burguesía chilena para derrocar a Allende e instalar una dictadura derechista.

La clase gobernante también dependió de apologistas pequeñoburgueses respecto al PCCh y su defensa del Gobierno capitalista. Principalmente, estas fueron las fuerzas pablistas que habían abandonado el trotskismo y operaban en los sindicatos y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Hoy día, con los partidos capitalistas en una posición aún más débil, este papel está siendo desempeñado por el morenista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) que publica La Izquierda Diario y representa los intereses de capas de la clase media-alta centradas en los sindicatos y la academia.

Mientras afirma oponerse al plebiscito, el PTR ha basado su perspectiva en una campaña de presión orientada al PCCh y el Frente Amplio para exigir una Asamblea Constituyente más radical dentro del mismo aparato político capitalista.

Chile | ¿Qué están haciendo los empresarios para acabar con la revolución chilena?

Todos sabemos que nuestro país tiene dueños: las familias Matte, Luksic, Angelini, Piñera, Paulmann y algunas más – que han saqueado el Estado, las AFPs y hoy son dueñas de casi todas las empresas del país – junto con grandes empresas transnacionales (BHP Billiton, Banco Santander, AngloAmerican, etc.). A ellos llamamos burguesía. Son los responsables directos de la miseria de nuestro pueblo.

Por MIT-Chile

¿Y después del 18 de octubre, qué están diciendo esas grandes familias y los inversionistas internacionales? ¿Cuál es la política de la burguesía para cerrar la revolución que empezó en el país? ¿Dónde podemos encontrar esa información?

Los empresarios se expresan por varios canales. El primero son sus partidos políticos. También se expresan a través de sus gremios: Cámara Chilena de la Construcción, CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), ABIF (Asociación de Bancos y Financieras), SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) y sus medios de comunicación -Canal 13, El Mercurio, etc-.

El presidente de la CPC, Alfonso Swett y el burgués Luksic (el faraón de Chile) defendieron públicamente que los empresarios deben meter la mano en sus bolsillos. Luksic dijo que ningún trabajador directo del grupo Quiñenco ganará menos de 500.000. Lo que no dijo es que parte importante de los trabajadores de “sus” empresas son subcontratados. Swett dijo que los empresarios tienen que meter la mano en el bolsillo hasta que duela. Sin embargo, esta no es la opinión general de la burguesía.

El gobierno, por otro lado, desde el 19 de octubre, empezó a hacer pequeñas concesiones para ver si calmaba los ánimos: anunció el congelamiento del pasaje de metro, pequeños aumentos en el pilar solidario de las AFPs, complementación salarial para los que ganan menos que el sueldo mínimo, etc. Nada que cambie sustancialmente nuestra vida. Está dando los anillos para no perder los dedos. Esas pequeñas concesiones, sin embargo, tienen un precio – y hoy el gobierno discute de donde sacar esa plata. Los ricos dicen que no se puede aumentar mucho los impuestos a sus fortunas o a sus empresas, porque eso haría que muchos empezaran a sacar sus inversiones de Chile. Así, habría que endeudar el Estado para pagar el “ambicioso” plan de emergencia de Piñera. Pero eso también significa un riesgo, ya que los préstamos que toma el Estado también vienen de grandes empresarios y bancos, que cobran altas tasas de interés. Al final, de una forma o de otra, los que terminarán pagando la cuenta somos nosotros.

Además de las pequeñas “ofertas” económicas del gobierno, su mayor promesa está en un supuesto cambio de fondo: la Constitución. Estamos viendo peleas entre los partidos en el Congreso: la UDI, heredera de Jaime Guzmán, no quiere cambiar la Constitución. Un sector de RN y otros partidos burgueses – como el Partido Socialista – dicen querer cambiarla. A pesar de las aparentes diferencias, en el fondo todos ellos tienen un gran acuerdo: cambiando o no la constitución, hay que mantener el sistema como está. Las AFPs no se tocan. El cobre no puede volver a ser estatal. Los sueldos no pueden subir mucho, dicen, o el país colapsará. Cambiar algo para que todo se mantenga igual – esa es su política.

Con ese proceso Constituyente votado por el Parlamento y controlado por ellos, la burguesía y sus partidos quieren intentar desviar la revolución de las calles a las urnas y negociaciones, lo mismo que hicieron en los años 80 con el plebiscito.

Sin embargo, ellos también se están preparando para la otra alternativa para las y los que se rehúsan a salir de las calles. Si la revolución avanza, en algún momento tendrán que dar otro golpe de fuerza. Ya están rearmando sus Fuerzas Armadas y Carabineros con asesorías extranjeras de España, Israel y Estados Unidos y comprando nuevos armamentos. Estados Unidos, la mayor potencia imperialista del mundo, ya anunció, a través de Mike Pompeo, que no dejará que la situación Latinoamericana salga del control.

La burguesía y el imperialismo tienen experiencia en acabar con revoluciones. Si no logran hacerlo de forma “democrática”, engañando al pueblo con promesas, lo harán por la fuerza. También puede ser una combinación de ambas: zanahoria con proceso constituyente y garrote con la mayor represión y presos por luchar. Tenemos que prepararnos esas alternativas. La única forma de conquistar nuestras demandas es seguir con la revolución en las calles y avanzar en nuestra organización.

Con poderosos sindicatos como el de mineros de La Escondida o de portuarios que asumieron la huelga del 12 de noviembre, todo este movimiento pudo asestar un gran golpe al gobierno de Piñera, obligándolo a retroceder. Sin embargo, la presión duró un par de días y no se mantuvo. A causa de eso muchos se preguntan ¿qué hubiera pasado si todos los sindicatos hubiesen mantenido la huelga? Muchos luchadores honestos piensan que ya no existe el fuerte movimiento obrero de los ’70, que hoy los trabajadores no luchan organizadamente porque son individualistas. Desde el MIT, afirmamos que la realidad es más compleja, y para demostrarlo hay que ahondar en algunos hechos.

El papel de la dictadura y las burocracias

La dictadura masacró y destruyó las organizaciones sindicales con un Estado de Sitio que prohibió la organización y las reuniones. Luego impuso el actual Código Laboral que prohíbe la huelga si es por motivos políticos o de solidaridad ajenos a la empresa, separando a los trabajadores en miles de sindicatos. Eso impide que se unan por rama productiva, como sí lo hacen los empresarios. Esta legislación se profundizó con Bachelet.

Pero las burocracias sindicales, como la CUT y otras confederaciones, también han tenido un papel desmovilizador. Sus principales dirigentes gozan de privilegios, viven una realidad ajena a cualquier trabajador y están comprometidos con los mismos partidos que protegen los intereses de los empresarios (el PPD, PS o DC); o peor aún, con partidos que dicen defender a los trabajadores, como el PC o el FA. Con métodos antidemocráticos se sentaron a dialogar con el ministro Blumel y retiraron de sus demandas la consigna “Fuera Piñera”. Este fue el mecanismo del Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social. No sólo protegen sus privilegios de dirigentes sino que traicionan la lucha dialogando con un gobierno repudiado por más del 80% de la población, que ha asesinado y violado los derechos humanos.

Si el movimiento obrero no lucha organizadamente, nuestra revolución tiene un límite

En varios lugares de trabajo aún falta organización fuerte para detener la producción. La falta de confianza en los sindicatos por el rol traidor de varios, empeoró la situación de abuso laboral, aun en estado de emergencia: patrones inescrupulosos aumentaron el hostigamiento a dirigentes de base y los despidos por “necesidades de la empresa”. Muchos aprovecharon de exprimir más a los trabajadores, como en la fábrica Fruna, donde aumentaron los turnos a 12 horas para “resolver” el transporte. Esta vergonzosa represión patronal debió combatirse por las federaciones y centrales sindicales; pero mostró a muchos trabajadores la urgencia de sobrepasar a esos aparatos.

Por otro lado, algunas dirigencias que luchan, lo hacen como el caso de la actual huelga de hambre de algunos trabajadores y dirigentes de CODELCO. Saludamos esa iniciativa, pero decimos que la herramienta de lucha más efectiva es la huelga porque afecta las ganancias de los empresarios. La mejor protección contra las represalias patronales es la unidad solidaria de todos los trabajadores, incluso de diferentes empresas.

¡A recuperar los sindicatos para las y los trabajadoras/es!¡A la Huelga General desde el 8M!

Desde el MIT creemos que debemos enfrentar la debilidad sindical que dejó la dictadura, revocar las burocracias sindicales que no quieren organizar la lucha, necesitamos dirigentes sindicales con cargos revocables, asambleas que funcionen con democracia obrera, y coordinar un plan nacional de lucha para enfrentar no sólo las represalias del gobierno empresarial sino además los ataques a nuestros derechos que hacen los empresarios.

Ese plan de lucha debe tomar los llamados a Huelga que hay: el 8 de marzo es el día internacional de la mujer, el reciente Encuentro de mujeres convocó a movilización para este día y huelga general desde el 9 de marzo. Las y los trabajadores de sectores productivos debemos organizar este llamado y paralizar la producción, con el objetivo de echar abajo a Piñera y lograr todas nuestras conquistas.

¡A formar Comités de Lucha para imponer una Huelga General que derroque a Piñera!

Por MIT-Chile